El negocio del agua: En enero de 2000, después de comprobar cómo la privatización del servicio de suministro de agua había incrementado un 35% sus facturas, miles de vecinos de Cochabamba tomaron las calles de esta ciudad boliviana para manifestar su descontento. El suceso derivó en una protesta que se alargó más de una semana, mientras los ánimos se caldeaban hasta el punto de que el presidente Hugo Banzer terminó decretando la ley marcial en el país.

Sólo después de que muriera un joven en los disturbios, el gobierno decidió rescindir el contrato con una filial de Bechtel, la multinacional norteamericana que se había beneficiado de la privatización de la gestión después de que el Banco Mundial impusiera esta medida como condición para el otorgamiento de un préstamo de 25 millones destinado a refinanciar el servicio de agua de la ciudad.

Los hechos de Cochabamba dieron carta de ciudadanía a un movimiento transnacional empeñado en demostrar que las políticas de privatización —una expresión más de la tendencia liberalizadora que ha ido alcanzando en los cinco continentes a todos los servicios públicos, desde la electricidad hasta las telecomunicaciones, desde la salud hasta la educación— acarrean un efecto perverso.

El asunto, que también registró su episodio argentino en Tucumán, cuando la gente se lanzó a la calle para protestar contra la francesa Vivendi, a cargo del servicio, hoy resulta materia de polémica. Mientras que los impulsores de la filosofía privatizadora sostienen que la escasez y la falta de agua que vive el planeta se deben al hecho de que no ha sido considerada un bien económico, los críticos opinan que el ímpetu privatizador no hace sino agravar la situación de necesidad de los más desfavorecidos. Los primeros argumentan que someter el agua a las leyes del mercado permitirá optimizar el recurso y extender los servicios mínimos a toda la ciudadanía, mejorando su bienestar. Los segundos, por el contrario, objetan que la lógica de mercado no asegura —como tampoco lo hace con los alimentos, ya que a pesar de haber hiper producción siguen muriendo personas de hambre— la distribución equitativa de un recurso necesario y escaso.

Un estadounidense consume más de 800 litros de agua por día. En la fabricación de un automóvil se utilizan 400.000 litros. En los hogares de Canadá, Francia o Alemania, cada inodoro utiliza 18 litros cada vez que se tira de la cadena. La producción de una tonelada de granos en un terreno poco indicado para su cultivo, como los campos de Arabia Saudita, pide 3000 toneladas de agua, tres veces más de lo que se considera normal... "Sobran las evidencias que muestran que el factor clave en la explicación de lo que está"

Mientras las posturas en favor y en contra de la privatización se alejan progresivamente y países como Uruguay intentan zanjar la cuestión convocando —como ocurrió el pasado 2004— a un referéndum para decidir si privatizar o no el servicio de suministro del agua, existen al menos dos hechos innegables. De un lado, las experiencias en todo el mundo -fomentadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— han demostrado que la transferencia a manos privadas del abastecimiento de agua trae como efecto un aumento de su costo, con el detalle de que en muchos casos los que más la necesitan son los que más cara la pagan.

En su Manifiesto del agua..., Ricardo Petrella acude al ejemplo significativo, pero no único, de Manila. La capital de Filipinas, con 10 millones de habitantes, fue en 1997 una de las primeras grandes ciudades en dejar la gestión del agua bajo control privado. Como consecuencia, los pobres terminaron pagando el doble por el agua que los ricos. Pero hay más, porque el del agua figura como uno de los negocios con mayor crecimiento y más lucrativo de la actualidad, con unos márgenes de beneficios que —a decir de muchos— resultan obscenos cuando se recuerda hasta qué punto la vida de millones de personas está afectada por la falta de agua.

Barlow y Clarke se hacen eco en su libro de un número especial dedicado a la industría global del agua, publicado en mayo de 2000 por Fortune, en el que la revista auguraba lo siguiente: “El agua parece destinada a ser para el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX: la codiciada mercancía que determina la riqueza de las naciones”.

Riccardo Petrella. politicólogo itaiiano autor de El manifiesto del agua, propone el establecimiento de  una triple tarifa para garantizar el derecho universal de acceso al liquido azul. La primera aseguraría una cuota de agua que correspondería a la cantidad y la calidad juzgada como necesaria para vivir en un país determinado. Ahí, el agua no sería gratuita, sino pagada indirectamente por los impuestos. La segunda —facturada directamente al cliente— sería la cuota relativa a todo consumo que sobrepasara el umbral mínimo definido como indispensable. La tercera tarifa gravaría el consumo suntuario, pero teniendo en cuenta que no se puede cobrar el derecho a derrochar.

La afirmación no debe sorprender, habida cuenta del formidable volumen de negocios de la industria del agua, cuyos ingresos anuales alcanzan ya cerca del 400/o del sector del petróleo y son una tercera parte más elevados que los del sector farmacéutico. “En 1998, el Banco Mundial predijo que el comercio global del agua alcanzaría pronto la cifra de los 800.000 millones de dólares y para 2001 esa cantidad se había elevado nada menos que a un billón de dólares”, aseguran los especialistas, a la vez que aportan los datos del crecimiento del otro gran negocio azul, el del agua embotellada, un sector que en 30 años (de 1970 a 2000) pasó de embotellar 1000 millones de litros a comercializar 84.000 millones de litros en todo el mundo.

 » El Sistema Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua subterránea más grandes del planeta.

 » Con una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados comprende cuatro países: la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Nuestro país posee 225.000 kilómetros cuadrados de reserva acuífera, ubicados en la zona del Litoral.

 » El volumen total de agua almacenado por el sistema es de 37.000 kilómetros cúbicos (1 km³ es igual a mil millones de litros).

 » El Proyecto Acuífero Guarani, destinado a la protección y al desarrollo sostenible del sistema, está cofinanciado por organismos nacionales e internacionales, y cuenta con la coordinación del Instituto Nacional del Agua (INA).

 Fuente Consultada: INA

Un derecho universal: Frente a este panorama, mientras las grandes empresas del negocio del agua, como Vivendi Universal, el grupo RWE o la firma Suez, maximizan sus beneficios —las tres figuraban ya en 2001, según el Instituto Polaris de Canadá, entre las 100 más poderosas del mundo—, una corriente de opinión cada vez más persuadida de su fuerza está dando batalla a escala global para que el agua deje de considerarse un bien económico y pase a ser considerada un bien social ligado al derecho a la vida, fuera del manejo de las empresas.

“El acceso al agua debe ser un derecho y cualquier barrera que se le interponga lesiona ese derecho”, dice Emiliano Ezcurra, director de campañas de Greenpeace Argentina.

“El agua no es como otros recursos naturales. [..] Hay que evitar que siga el camino del petróleo”, escribe Petrella, cuya obra sobre el tema es el libro de cabecera de muchas de las organizaciones implicadas en esa causa. “No hay ninguna alternativa que pueda sustituirla y, por lo tanto, es más que un recurso: es un bien vital para todos los seres vivos y para el ecosistema de la Tierra en general”, argumenta este profesor de la Universidad de Lovaina.

Para el italiano, “todos los seres humanos tienen derecho, individual y colectivamente, a acceder a este bien vital. El acceso al agua y la obligación de conservarla para la supervivencia pertenecen al conjunto de la humanidad; no pueden ser nunca objeto de apropiación individual”, apunta. “El control del agua no se puede dejar librado a la lógica de las finanzas y el mercado, porque éstos garantizan el derecho a la vida sólo a los consumidores solventes”, concluye el politicólogo, que propone la firma de un convenio mundial para defender la consideración del agua como “un patrimonio común y vital”.

Esta fiebre del bienestar se traduce en un incremento del consumo per cápita que refleja la siguiente proporción: la cantidad de agua utilizada se multiplicó por seis entre 1900 y 1995 (más del doble del ritmo de crecimiento de la población) y por dos desde 1975.Además, hay que reparar en el notable impacto provocado por la industrialización y la agricultura intensivas, que no sólo traen aparejada la utilización de enormes cantidades de agua, sino que además contaminan los recursos a un ritmo muy superior al que tiene la natural regeneración de las reservas hídricas.

Cuando el reto de las Naciones Unidas de reducir para 2015 a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable y garantizar un consumo mínimo de 20 litros parece para muchos un desafío imposible, los grupos de activistas en los que militan estudiosos como Barlow y Clarke hablan de la conveniencia de un cambio de mentalidad.

“Nosotros creemos que el acceso al agua limpia para satisfacer las necesidades básicas es un derecho humano fundamental. Este recurso vital no puede convertirse en una mercancía que se ofrece al mejor postor. Cada generación debe asegurarse de que la abundancia y la calidad del agua no se vean afectadas negativamente por sus actividades”, enfatizan los canadienses..

EL AGUA EN MEDIO ORIENTE