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Declarada la
independencia y afirmada esa declaración por el éxito de la campaña a
Chile en 1818, el país daba los primeros pasos para organizar su vida
interna, por lo hizo eclosión otros importantes asuntos tales como la
organización económica e institucional de la nación, creando una
Constitución, pero el rechazo de la Constitución de 1819, la caída del
régimen directorial y la disolución del Congreso abrieron paso a la
fragmentación del poder político y a la organización autónoma de las
provincias.
LA SITUACIÓN NACIONAL EN
1819: Para esta fecha, la
política exterior había obtenido un brillante triunfo: la empresa que
San Martín encarara dos años atrás había culminado con el éxito en Maipú
(abril de 1818).
Entre tanto el Congreso General
(trasladado a Buenos Aires en 1817) dictaba la constitución destinada a
organizar definitivamente el país. Se había erigido un sistema político,
el Directorio, basado en el centralismo que se creía necesario para
hacer frente a la lucha por la independencia, y se analizaban planes
(desde 1816) tendientes a implantar una monarquía en el Plata.
Tentativas secretas que sin embargo, habían trascendido, buscaban un
príncipe europeo para iniciar una dinastía que uniera al Estado bajo un
régimen constitucional.
En oposición esta el caudillo
oriental
Artigas, con su ideal de "República y Federalismo" que levantaba
como bandera de la Liga de los Pueblos Libres, obteniendo profunda
repercusión en otras zonas del país. Para los directoriales, la
monarquía era una salida lógica ante la situación reinante en Europa v
un medio para asegurar la unión nacional bajo un sistema centralizado.
Según ellos, el federalismo y la defensa de las autonomías provinciales
implicaba una anarquía peligrosa
LA CUESTIÓN
ECONÓMICA: Desde que el puerto de Bs.As. se abrió al
comercio exterior, esta región había gozado de una privilegiada
situación. Sus productos ganaderos (especialmente los cueros) eran
intercambiados por las manufacturas (tejidos. herramientas, etc.)
de origen europeo, al tiempo que la aduana porteña monopolizaba la
recaudación de impuestos aplicados al intercambio exterior. Buenos Aires
también controlaba la entrada a los ríos interiores, centralizando todo
el tráfico mercantil entre el interior y el exterior. La entrada de
manufacturas europeas (principalmente de origen inglés) perjudicaba la
rudimentaria producción de algunas provincias cuyos artículos locales,
fruto de una técnica primitiva y más caros, no podían competir con los
elaborados por la industria extranjera.
En Mendoza se
elaboraban vinos, fruta seca y carruajes, en Córdoba y Catamarca.
tejidos de algodón y lino y en La Rioja, vinos y coñac, etc.
Los intereses de esas provincias exigían
una protección aduanera que impidiera la entrada de la industria
extranjera, posibilitando así el propio desarrollo. Las provincias
litorales, de economía similar a la de Buenos Aires, pretendían a su
vez, que se abrieran los ríos al comercio exterior.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL
DERRUMBE DEL PODER CENTRAL: En
1819, el Congreso aprobó una constitución que reflejaba los intereses
centralistas, promonárquicos y elitistas de los dictatoriales.
Esa constitución era el marco adecuado
para la instalación de una monarquía constitucional, mediante la
coronación del duque de Luca, Carlos de Borbón. La difusión de
estas negociaciones y el carácter centralista de la constitución
generaron un fuerte rechazo entre los partidarios del sistema
republicano y de la descentralización del poder, principalmente en los
de las provincias del Litoral.
En junio de ese año, el gobernador de
Santa Fe, Estanislao López, había comunicado a los representantes del
Directorio la creciente oposición que existía contra ellos:
“Cada pueblo ha desconocido su autoridad para
reconcentrarse en sí mismo y propender a su fortuna sin fiarla a manos
que pudieran venderla entregando su Patria. Todos amamos la causa de la
Patria y nuestro patriotismo es tan ardiente por su independencia, que
el más leve asomo de encadenarnos a una potencia extraña nos hará
precipitar gustosos a una guerra cuyo término será el de nuestra vida o
la del tirano que se atreva intentarlo”
El descontento precipitó la renuncia del
desprestigiado director Pueyrredón en julio de 1819, quien fue
reemplazado por Rondeau. Sin embargo, el Congreso siguió adelante con
los proyectos monárquicos y aprobó, en sesión secreta (noviembre 1819),
las tratativas realizadas en Europa. Esta medida, sumada al pedido
efectuado por Rondeau a los portugueses instalados en la Banda Oriental
para que actuaran contra los disidentes de los territorios de Entre Ríos
y Santa Fe, desencadenó la reacción armada de estas provincias contra el
régimen directorial.
La negativa del Ejército del Norte de
auxiliar al gobierno en la guerra civil (sublevación encabezada por un
grupo de oficiales, entre los que se contaban Juan B. Bustos, José M.
Paz y Alejandro Heredia, en la posta de Arequito, enero de 1820),
la decisión de San Martín de proseguir su campaña libertadora en lugar
de intervenir con su ejército en la guerra civil y la oposición
generalizada al gobierno, incluso en Buenos Aires, contribuyeron al
derrumbe del poder central. Esta posición de debilidad del gobierno
central frente las provincias hizo que reaccionaran desencadenando en la
batalla de Cepeda, en febrero de 1820. |
