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Tras
la disolución del Congreso, el panorama rioplatense presentaba un nuevo
equilibrio político, frágil e inestable, de signo federal.
Después de la renuncia de Rivadavia, el Congreso devolvió la autonomía a
la ciudad y a la provincia de Buenos Aires.
En agosto de 1827 la Junta
de Representantes de la provincia eligió gobernado y a Manuel Dorrego
quien, por mandato del Congreso, quedó encargado de las relaciones
exteriores.
En otro orden de cosas, en el Interior,
Bustos y Quiroga manifestaban aspiraciones hegemónicas. Al mismo tiempo,
en Buenos Aires, el gobernador federal Manuel Dorrego gestionaba una
serie de acuerdos con las demás provincias, para impulsar la reunión de
una convención con el fin de establecer las bases para la realización de
un nuevo congreso, que organizaría institucionalmente el país.
Los pactos firmados entre Buenos Aires y
las provincias litorales establecieron que la convención se reuniría en
la ciudad de Santa Fe. Esta decisión frustró las pretensiones cordobesas
de ser el eje organizador de este provisorio sistema institucional.
La Convención de Santa Fe se reunió a
fines de julio de 1828 y contó con la asistencia de nueve provincias (no
participaron ni Corrientes ni Salta, por motivos diferentes, y Córdoba
se retiró de las sesiones luego de que fuera rechazado su proyecto de
otorgar atribuciones constituyentes a la Convención). La labor de la
Convención fue pobre y prácticamente se limitó a ratificar el tratado de
paz firmado con el Brasil en agosto de ese año.
A pesar de su defensa de los principios
del federalismo Dorrego no tenía el apoyo de los caudillos del interior
porque lo consideraban un defensor de los intereses de Buenos Aires. Por
otro lado, los terratenientes y hacendados de la campaña y los grandes
comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, tampoco lo apoyaron. Dorrego
tenía la adhesión de numerosos grupos de trabajadores urbanos, pero sus
intentos de continuar la guerra con el Brasil se oponían a la paz a
cualquier precio que necesitaban los grupos económicos más poderosos de
Buenos Aires.
En Buenos Aires estalló una nueva crisis
política que —junto con la crítica situación económica y financiera,
consecuencia de la guerra con el Brasil— debilitó la posición de Dorrego.
La resistencia del gobernador a poner fin a la guerra le había restado
apoyos en su provincia, incluso dentro del partido federal, donde el
sector más conservador —entre ellos, Manuel J. García y Juan Manuel de
Rosas— se había agrupado en su contra. El progresivo aislamiento
político de Dorrego culminó en su derrocamiento, alentado por sectores
unitarios que aspiraban a recuperar el poder. El retomo a Buenos Aires
de las tropas que habían actuado en la guerra con el Brasil permitió al
grupo unitario llevar a cabo sus planes.
Sin el apoyo de los federales del interior
ni de los de Buenos Aires, Dorrego fue vencido por el general Juan
Lavalle, quien encabezó una revolución militar fue nombrado gobernador
de Buenos Aires.
La sublevación comenzó a causa del
descontento de los jefes y oficiales del ejército que regresaba del
Brasil: éstos pensaban que el ejército era la única fuerza que podía
organizar al país y se propusieron hacerse cargo del gobierno.
Los unitarios porteños se unieron a
Lavalle con el objetivo de eliminar a Dorrego, hecho que también
convenía a los intereses de los autonomistas bonaerenses. Sin embargo la
alianza entre los unitarios porteños y los oficiales del ejército
regular no contaba con apoyo interno ni internacional. Sobre todo porque
la crisis que originó tenía consecuencias negativas para el comercio.
Los comerciantes y hacendados porteños se
veían perjudicados por la ruptura de las comunicaciones con el interior
y por el alzamiento de la campaña, puesto que ambos hechos interrumpían
las importaciones y exportaciones. Los diplomáticos extranjeros
—especialmente los ingleses— estaban de acuerdo con los importadores y
exportadores locales en que un triunfo federal, o un acuerdo de Lavalle
con los federales de Buenos Aires, era el camino hacia la paz.
(ampliar: Muerte de Dorrego) |