La Anarquia Monetaria en Argentina
La Anarquía Monetaria en Argentina
La anarquía monetaria argentina era crónica: billetes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, piezas de plata y cobre acuñadas en La Rioja o Córdoba, pesos bolivianos y monedas extranjeras de todo tipo, servían simultáneamente como medios de pago.
En julio de 1881 el presidente Roca envía al Congreso una iniciativa que es aprobada cuatro meses después como ley 1130.
En su virtud, la Casa de Moneda creada en 1877 pero todavía inactiva acuñaría el «argentino» o «peso oro», y piezas de plata de diverso valor.
Al mismo tiempo, se prohibiría la circulación de moneda metálica extranjera a partir del momento en que la acuñación nacional alcanzara una masa suficiente.
Pero entretanto, y como la población difícilmente usaría moneda metálica en sus transacciones diarias, seis bancos tendrían el privilegio de emitir billetes.
Se suponía que estos billetes podrían convertirse a oro o plata una vez que los bancos emisores lograran acumular una reserva metálica.
Pero esto no ocurrió: el déficit de nuestro comercio exterior se repetiría año tras año, y todavía la argentina no exportaba volúmenes suficientes como para atesorar el metálico necesario.
La Casa de Moneda fue acuñando plata hasta 1884 y oro hasta 1896 de manera esporádica, en hermosas piezas que hoy son rarezas de coleccionista, y no
volvió a troquelar más. En consecuencia, los pesos papel no pudieron convertirse y a principios de 1885 el Poder Ejecutivo decretó el «curso forzoso», es decir, la inconvertibilidad de los billetes.
Si en 1884 una medida de oro equivalía a 100 billetes según calcula Ernesto Tornquist en El desarrollo económico argentino en los últimos cincuenta años, publicado en 1919 seis años después había que usar 251 de esos billetes para comprar la misma cantidad de oro.
En realidad, la moneda papel, pese a su progresiva desvalorización, no se derrumbó gracias a los préstamos exteriores: en 1886 el endeudamiento nacional era de 117 millones de pesos oro, y tres años más tarde se elevaba a casi 300 millones.
Este endeudamiento traería graves consecuencias que se pondrían en evidencia en 1890, pero entretanto actuó como respaldo de los billetes, que de otro modo se hubieran desvalorizado mucho más rápidamente.
El tema de la conversión de los billetes, teórico como era, provocó sin embargo enconados debates, porque escondía un elemento político: la lucha por el predominio entre el interior y el litoral.
En el litoral, el oro era la moneda utilizada para las transacciones con el exterior: en ellas actuaban el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que operaban con el áureo metal.
En el interior, en cambio, la moneda tradicional era la plata, que llegaba por la vía del intercambio comercial con Solivia, Chile o Perú.
Entonces, si los billetes debían convertirse, ¿a qué metal habrían de hacerlo?.
¿A oro o a plata?.
Ezequiel Paz, Tristán Achával Rodríguez, Delfín Gallo y otros diputados defendieron encarnizadamente la conversión a la plata, y fueron derrotados.
En octubre de 1883 se sancionó la ley 1354 por la cual los bancos emisores de billetes, fueran del Estado, mixtos o particulares, sólo podían cambiar sus papeles por oro.
La larga lucha del interior por mantener la circulación de la plata había concluido.
Como dijo en la ocasión Carlos Pellegrini, se había legislado para Buenos Aires. La vieja ciudad del Plata, nueva capital de la Nación, seguía siendo protagonista indiscutible.
Sin embargo, persistía la escasez de circulante y se clamaba por nuevas emisiones que satisficieran las necesidades de una economía audaz y expansiva como la que se vivía en los últimos años de la década.
En 1887 el presidente Juárez Celman presenta un proyecto sobre «bancos libres y garantidos», que se aprueba poco después. De acuerdo con esta ley, se autorizaba a los bancos a emitir billetes garantizados por la Nación, siempre que dispusieran de una reserva en oro correspondiente a su emisión.
Al poco tiempo, la mayoría de las provincias, con el propósito de hacerse del oro indispensable para que sus bancos pudieran emitir billetes, había contraído deudas con el exterior;
en suma, se había llegado a un nuevo aumento de los compromisos pactados en oro, y a producir una catarata de papel moneda, que contribuyó a «calentar» aún más la economía.
En vísperas del fatídico año noventa, la moneda nacional de curso legal existía, pero a un precio terrible.
Había terminado la anarquía monetaria, pero con un inmenso costo.
Indudablemente, como había sucedido en todas las épocas y seguiría sucediendo resolver los problemas económicos importantes no se presentaba como tarea sencilla; por el contrario, el cometido acarreaba grandes inconvenientes y dificultades para quienes debían hacerles frente, obligados por las circunstancias.
Prebiscb y la ley de unificación monetaria
En 1922 el joven economista Raúl Prebisch escribía en la Revista de Ciencias Económicas un artículo titulado «Anotaciones sobre nuestro medio circulante».
Refiriéndose a la ley 1130, cuyo mérito había sido iniciar el proceso de unificación del sistema monetario argentino en torno de una sola unidad, un solo instituto de emisión y un sistema único de monedas y billetes, decía Prebisch:
«En 1881, resuelto el último problema que planteaba la unidad nacional y deslumbrado el país por el oro prestado que llegaba, la vieja ilusión renace.
Por otra parte, se pretendía solucionar la anarquía circulatoria reinante en las provincias, que dificultaba las transacciones interprovinciales...
Pero sus efectos, fuera de dar cierta uniformidad a la circulación, fueron nulos, ya que una disposición legislativa no podría retener los metales en el país, cuyos movimientos obedecían únicamente al estado del balance de pagos, ni mucho menos solucionar la anarquía del interior, que [...] respondió a circunstancias histórico económicas de muy profundo arraigo».
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