Brasil era el país en vías de desarrollo que debía más dinero al extranjero, de modo que cuando el presidente José Sarney anunció en febrero que su país suspendía el pago de intereses de su deuda de 108.000 millones de dólares, los acreedores de las naciones desarrolladas se inquietaron.

No es que los bancos fueran a quebrar sin los pagos de 10.000 millones de dólares anuales de Brasil, pero las mayores deudores latinoamericanos (Brasil, México, Argentina y Venezuela) debían en total 285.000 millones de dólares. Si las otras naciones seguían el ejemplo de Brasil, las instituciones financieras serían gravemente perjudicadas. Varios bancos norteamericanos, obligados a desviar capital a sus reservas de deudas incobrables como precaución, anunciaron pérdidas para el año.

Los brasileños culpaban a los acreedores. Durante veinte años, hasta 1985, Brasil había sido gobernada por gobiernos militares y los bancos extranjeros habían financiado sus programas monumentales. Los generales construyeron carreteras, represas, centrales nucleares y fábricas de armas, con lo que contribuyeron a transformar un reducto agrícola en la octava economía capitalista del mundo. Muchos proyectos no fueron terminados o no funcionaron bien.

Para pagar su gran deuda, los dirigentes brasileños pensaron campañas de exportación, pero los beneficios no se correspondían con los pagos de intereses y el consumo nacional cayó en picada. Apesar de las riquezas del país, la desnutrición y el analfabetismo continuaban siendo endémicos. La inflación aumentaba.

En 1986, Sarney intentó aliviar la mala situación de su pueblo congelando los precios, aumentando los salarios y los aportes de capital. La economía y la moral mejoraron. El partido de Sarney ganó las elecciones de noviembre, pero pronto y la inflación se disparó. Cuando el gobierno subió los precios de los bienes de consumo y de los servicios suministrados por el Estado, estallaron las protestas. A principios de 1987 no contaban con excedentes económicos y Sarney no podía hacer otra cosa que desafiar a los bancos.

Como sus equivalentes peruano y ecuatoriano (ambos habían declarado una moratoria en los pagos), Sarney se dio cuenta de que era tan duro vivir con la banca internacional como sin ella.

A medida que la economía empeoraba y las reformas agrarias se retrasaban, se intensificaba el descontento y el gobierno recurría cada vez más a la violencia. Febrero de 1988, Sarney cedió y finalizó la moratoria con un pago de 350 millones de dólares.