Soberanía Categoría central en la teoría clásica del Estado que supone la existencia de un poder final e ilimitado que rige, en consecuencia, la comunidad política. El principio de soberanía ha sido adaptado a las democracias actuales para que exprese el momento político fundante en el que los ciudadanos, sin ninguna autoridad previa ni superior a ellos, permiten a los poderes públicos que ejerzan como tales.

Sus primeros teorizadores, Bodin y Hobbes, la definieron como la suprema potestas, «el poder absoluto y perpetuo de una república» que se manifiesta en la función de promulgar leyes, de anular costumbres, de declarar la guerra y de negociar la paz. Para Hobbes, la soberanía nace a partir de un pacto ficticio por el que el poder de la sociedad, inicialmente en manos de los individuos, se enajena en favor del Leviathan (Estado) que queda personificado en un soberano que legisla, juzga, nombra funcionarios, recompensa y castiga. Para Rousseau, también dentro de las teorías pactistas aunque sin intención justificadora del absolutismo, la soberanía se equipara a la suma de las voluntades individuales.

Es esta nueva concepción la que permite un artificio filosófico político por el que el principio legitimador del Antiguo Régimen desaparece y se reconoce la soberanía en manos de Los integrantes de la nación. No obstante, ésta se entiende de forma abstracta y expresa su voluntad por medio de un cuerpo electoral restringido a las clases burguesas. El desarrollo del liberalismo hizo plantear pronto la [imitación de la soberanía nacional a los propietarios. Estos se opusieron a la extensión del número de sus depositarios alegando que así se pervertiría la idea de representación conjunta de los sentimientos e intereses colectivos de un país, incluyendo las generaciones pasadas y futuras, que no exigía la participación efectiva de todos los habitantes en cualquier momento determinado. Las corrientes democratizadoras del siglo XIX reclamaron sin embargo el sufragio universal y la nueva definición de soberanía resultante pasó a considerar como fuente y origen de todo poder estatal a la generalidad del pueblo y no a una selección específica de éste.

Así, en Las democracias contemporáneas, el hecho de que la soberanía sea popular otorga al Estado la legitimidad sobre la que basa su actuacion. Pero el principio no sirve sólo para regir internamente la comunidad, sino que tiene una proyección frente al exterior que en el pasado se expresaba a través de la guerra o la paz y hoy se plasma, sobre todo, en la prohibición de injerencias extranjeras en los asuntos propios. La soberanía es entonces un concepto jurídico político propio de las relaciones internacionales y supone la independencia del Estado como único sujeto con poder de decisión autónoma en el ámbito de sus competencias. El conjunto de estados soberanos guardan así relaciones recíprocas de igualdad formal en un contexto anárquico, al no existir autoridades supranacionales.

De hecho, la única regulación globalmente aceptada de la política internacional es precisamente la soberanía, lo que hace que ninguna obligación se pueda imputar a un Estado sin su previo consentimiento. No obstante, la soberanía como principio integrador determinante y elemento nuclear del ordenamiento internacional queda matizada por la existencia de organizaciones internacionales que adquieren el ejercicio de ciertas competencias. Aunque también en esos casos el Estado suele controlar el proceso de toma de decisiones (gracias a la unanimidad, el consenso o el derecho de veto) y previamente ha permitido que la gestión se atribuya a este actor, lo cierto es que su existencia limita la libertad absoluta estatal. Más aún, la existencia de un núcleo de ius cogens imperativo e inderogable contrasta con el principio general de que las normas internacionales deben estar voluntariamente consentidas.

Foros como la ONU podrían convertirse en autoridades externas que produzcan normas de aceptación obligatoria, aun sin el consentimiento estatal, pero este desarrollo del llamado derecho de injerencia está aún muy condicionado. Sólo las organizaciones que pretenden la integración supranacional en ciertos ámbitos, como la Unión Europea, representan un ejemplo relativamente ambicioso de desafío a la idea de soberanía en su acepción clásica. Claro que, con independencia de las proclamaciones jurídicas, las relaciones políticas internacionales sí que demuestran con toda su crudeza las verdaderas Limitaciones de la soberanía. Las diferencias de capacidad económica y militar, la interdependencia comercial o el acceso privilegiado de ciertas potencias a los recursos naturales son fenómenos que muestran la ficción ideológica de la idea.