EL CONSTITUCIONALISMO:
Introducción Histórica:

La Revolución Inglesa de 1649, encabezada por Oliverio Cromwell, que derrocó a Carlos I, y la Revolución Francesa (1789) fueron hitos en este proceso, durante el cual el Parlamento limitó el poder absoluto de los monarcas. En el siglo XVII se produjeron en Inglaterra importantes antecedentes de declaraciones de derechos como la Petición de Derechos (Petition of Rights, 1677), el Acta de Hábeas Corpus (Habeas Corpus Act, 1679) y la Ley de Derechos (Bill of Rights, 1689).

Todas estas declaraciones fueron el resultado de las luchas para limitar el poder de la Corona, que fue reconociendo poco a poco más derechos a sus súbditos. Estos acontecimientos políticos fueron acompañados por las ideas de algunos filósofos, como por ejemplo, John Locke. Para este autor la sociedad está fundada en el acuerdo común de los hombres que la integran, pero también en derechos naturales como el de la subsistencia y el de la propiedad. También, la publicación de El Espiritu de las Leyes, de Montesquieu, en 1748 fue fundamental para la consolidación del pensamiento constitucionalista. Las ideas de Montesquieu respecto de que la sumisión a las leyes es parte de la naturaleza de todos los seres y acerca de la necesidad de dividir el poder para evitar los abusos remiten directamente a una herramienta del constitucionalismo: la existencia de leyes claras y precisas para que los gobernantes y gobernados ajusten a ellas sus conductas.

En 1789 las instituciones políticas surgidas de la Revolución Francesa instauraron un modelo de estado liberal de derecho más puro que el inglés, aunque posteriormente, a lo largo del siglo XIX, las fuerzas de la reacción conservadora consiguieron adueñarse del rumbo de la historia de Francia y moderar los planteamientos iniciales.

Poco más de un mes después que el pueblo parisiense tomara La Bastilla, los representantes electos del tercer estado, convertidos en Asamblea Nacional, aprobaron la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), que representa la materialización de los principios teóricos elaborados por los filósofos de la Ilustración y por los fundadores del liberalismo. Los hombres «nacen y permanecen libres e iguales»; los derechos naturales e imprescindibles de los hombres son «la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión»; la libertad queda definida como «poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás».

El derecho de propiedad quedó consagrado como «inviolable y sagrado», del que nadie podía ser privado sino por necesidad pública y con la consiguiente indemnización. Se consagró el derecho de todo ciudadano a la libertad individual y a su expresión pública: «todo ciudadano podrá hablar, escribir e imprimir libremente».

La Constitución de 1791 sintetizó en su preámbulo la Declaración de derechos y en el resto del articulado establece las instituciones de gobierno y la coordinación entre los diversos órganos de poder. Monarquía constitucional, división de poderes, parlamento unicameral (la Asamblea Nacional) son algunas de las características del modelo francés de estado liberal.

La constitución de Robespierre (1758-1794) de 1793, de corta duración, estableció un régimen republicano (Luis XVI había sido ejecutado) y el sufragio universal por vez primera en la historia. Posteriormente, Francia, en 1870, adoptó definitivamente el sistema republicano.

Definición: En un sistema republicano el constitucionalismo es una forma de vida política que tiende a racionalizar el ejercicio del poder para asegurar a los hombres el goce de sus libertades y el respeto de su dignidad. Para lograr esa finalidad, se vale de ciertas herramientas y principios.

Las Ideas de Monstequieu: La idea formulada por Montesquieu respecto de la separación y el equilibrio entre los poderes para evitar el gobierno despótico tuvo una indudable influencia cuando, en 1787, se elaboró la Constitución de los Estados Unidos, la más antigua de las constituciones escritas vigentes. Fue así que se encargó al Congreso de los Estados Unidos —formado por el Senado y la Cámara de Representantes— el ejercicio del Poder Legislativo; al presidente, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial quedó a cargo de la Suprema Corte y de los tribunales inferiores.

Esta división de poderes se estableció en una constitución que se declaraba a sí misma como “ley suprema” (artículo VI), que fijaba para su reforma un procedimiento más complejo que el que se emplea para sancionar o modificar las leyes (artículo V) y en la que, poco tiempo después, se incluyeron diez enmiendas en las que se declaraban los derechos de los habitantes.

De esta manera —al establecer en la ley suprema la división de poderes y al declarar las libertades amparadas por la Constitución—, las garantías que buscaba Montesquieu para la libertad estaban doblemente aseguradas, pues una norma superior impedía que el poder se concentrara y que los derechos fueran desconocidos por las autoridades.

Además de la constitución jurídica y de la división de poderes, el constitucionalismo comparte con las teorías de la democracia moderna el principio de soberanía popular, que está basado en las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Esto significa que la constitución, la designación y la permanencia de las autoridades derivan de la voluntad del pueblo, considerado soberano. Así, por ejemplo, el Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América comienza diciendo: “Nos, el Pueblo de los Estados Unidos”, y concluye: “promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América”.

La más clara evidencia de soberanía resulta del ejercicio del poder constituyente. El poder constituyente se define como la capacidad que tiene el pueblo para darse su propia constitución o para reformar la que tiene. A los órganos de gobierno cuyo origen es el poder constituyente se los conoce como poderes constituidos. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos fue formulada por Enimanuel Sieyés (1748-1836), un pensador de actuación relevante durante la Revolución Francesa.

Para Sieyés, el poder constituyente que expresa la voluntad creadora, es un poder superior y es libre, por cuanto no está sometido a ningún órgano. Los poderes constituidos, en cambio, sólo pueden actuar dentro del marco estrictamente definido por el poder constituyente: están sometidos a las reglas previstas por éste, las cuales no pueden modificar.

Al distinguir entre el poder extraordinario de dar y modificar una constitución y los poderes ordinarios de gobierno, sometidos a las reglas que fija el primero, se establecen más garantías y mayor seguridad para los derechos. Dentro de este marco, las constituciones —como leyes supremas y sujetas a un proceso de reforma más complejo que las leyes ordinarias— se limitan a declarar los derechos de las personas y a organizar el gobierno, distribuyendo los poderes para garantizar esos derechos y evitar un gobierno despótico.

Éste es el esquema del constitucionalismo clásico o liberal que los revolucionarios franceses sintetizaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, carece de constitución”.

Después de la Constitución estadounidense, el constitucionalismo comenzó a difundirse de un país a otro, pues todos los estados aspiraban a tener una constitución escrita por considerar que ésa era una exigencia propia de un Estado moderno y civilizado. Así es como se elaboran las constituciones de Francia (1791, 1793 y 1848), Suecia (1809), España (1812), Venezuela y Colombia (1819), Brasil (1824), Bolivia (1826), Uruguay (1830), Chile (1833) y la Argentina (1853). Las constituciones de esta etapa, llamada la era de las constituciones, siguieron el esquema del constitucionalismo clásico: declararon los derechos y las garantías de los ciudadanos y regularon la organización del gobierno distribuyendo los poderes entre distintas instituciones.

La tendencia a la igualdad La búsqueda de la igualdad entre los hombres fue una de las tendencias más importantes que caracterizaron al constitucionalismo del siglo XIX sobre la base del modelo de la democracia de los Estados Unidos, que fue descripto y difundido por Alexis de Tocqueville. Justamente, este afán por alcanzar la igualdad encaminó al constitucionalismo hacia un proceso de democratización, que comenzó con la progresiva y gradual eliminación de restricciones impuestas al derecho al voto, en pos del logro del ideal del sufragio universal.

La democratización del constitucionalismo determinó la configuración del Estado democrático moderno, caracterizado por la extensión del sufragio a la mayor cantidad posible de los habitantes, la existencia de partidos políticos con grandes masas de afiliados simpatizantes, el control a los gobernantes, la existencia de la opinión pública, la poderosa influencia de los medios de difusión masiva y la existencia de formas semidirectas de participación en el gobierno (plebiscitos, referendos, iniciativa popular, etcétera).

A partir de la Revolución Industrial, surgieron diversas reacciones ante los graves problemas sociales que habían planteado las transformaciones profundas en el mundo del trabajo. Durante el siglo XIX aparecieron las corrientes socialistas, la doctrina social de la iglesia católica y las organizaciones de trabajadores que buscaban defender la situación social de los asalariados. También algunos dirigentes liberales se plantearon estos problemas, que fueron denominados “la cuestión social”. Tales circunstancias influyeron en el constitucionalismo, que, a partir de la segunda década del siglo XX, fue enriquecido con los aportes del constitucionalismo social.

Fue así que las constituciones incorporaron: los derechos de los trabajadores (condiciones dignas de trabajo, retribución justa, descanso diario y semanal, vacaciones, protección ante el desempleo y los despidos arbitrarios, entre otros); los derechos a la seguridad social (cobertura ante enfermedades o invalidez, protección a la maternidad y a la vejez; acceso a la vivienda, al esparcimiento, a la educación y a la cultura, etc.); los derechos de las organizaciones sindicales (defensa de los intereses de sus integrantes, posibilidad de participar en negociaciones colectivas o de adoptar medidas de fuerza como la huelga, etcétera).

La primera Constitución inspirada en la corriente del constitucionalismo social fue la de México de 1917, a la que siguieron la de Alemania de 1919, la de Austria de 1920 y la de la Segunda República Española de 1931.

Fuente Consultada: Enciclopedia Universal de Ciencias Sociales Tomo I