La instrucción pública: educar para todo el pueblo.

Durante el último cuarto del siglo pasado fue notoria la preocupación de los gobiernos nacionales por obtener un mejoramiento en la instrucción pública. Con tal fin se creó, en 1876, la primera Escuela de Comercio, en Rosario; no obstante fue clausurada en 1881 por falta de alumnado.

En 1891 se insistió en el tema y se fundó, en la Capital Federal, el Colegio Carlos Pellegrini y, con éxito esta vez, se reabrió la escuela de Rosario (1896). En 1898, bajo la dirección del ingeniero Otto Krausse (imagen) , se estableció la primera Escuela Industrial y se instituyeron escuelas profesionales para mujeres, así como las de Artes y Oficios.

La necesidad de dotar a la Universidad de cierta autonomía impulsó al gobierno, en 1885, a promulgar la Ley Avellaneda. Disposiciones emanadas de la misma ordenanza crearon un Estatuto universitario que proveía, a las Universidades de Buenos y de Córdoba, de las facultades necesarias para constituir sus propios organismos y regularizar su propia administración.

Tales disposiciones en los ámbitos secundario y terciario, fueron reforzadas con la realización de importantes reformas a nivel primario. Desde la administración de Domingo Faustino Sarmiento, el problema del analfabetismo ocupó un lugar de privilegio en la mentalidad de los conductores del país, puesto que grandes sectores de la población en edad escolar —desde los 6 hasta los 14 años— carecían de instrucción y sólo una minoría asistía a la escuela.

En 1882 se llevó a cabo en Buenos Aires un Congreso Pedagógico que reunió a altas personalidades docentes, no sólo del país sino también del extranjero. El Congreso coincidió en tres puntos: la enseñanza debía ser laica, gratuita y obligatoria, debían suprimirse los castigos corporales y los premios, y la mujer debía participar en la docencia. En 1875, la provincia de Buenos Aires había dictado una ley que propendía a la enseñanza común, aseguraba su gratuidad y obligatoriedad, y fijaba sanciones para hacerla efectiva.

Con estos dos antecedentes inmediatos, en 1883 se realizó un Censo escolar de cuyo resultado surgió que, sobre más de medio millón de individuos en edad escolar, sólo concurrían 146.000 niños a los establecimientos de enseñanza primaria y de ellos, muy pocos completaban los cursos. Por lo tanto, en medio de acalorados debates parlamentarios sobre el proyecto de organización de la enseñanza primaria, se votó la Ley de Educación Común Nro. 1420 (conocida como Ley de Enseñanza Laica), el 8 de julio de 1884.

Los principios fundamentales promulgados por dicha ley son:

• La enseñanza primaria será obligatoria y gratuita para los niños de 6 a 14 años.

• Dicha enseñanza podrá recibirse en las escuelas públicas y particulares, o en el hogar.

• La enseñanza será gradual y conforme a los principios de la higiene.

• Difundirá un mínimo de instrucción, distribuido en asignaturas que podrán desarrollarse de acuerdo con las necesidades de la Nación y la capacidad de los edificios escolares.

• Podrá impartirse en cursos mixtos de varones y mujeres.

• Se distinguirán las ramas especiales de la enseñanza primaria: jardines de infantes, escuelas de adultos y escuelas ambulantes en la campaña.

• La enseñanza religiosa sólo se impartirá en las escuelas públicas por los ministros de los distintos cultos, antes o después del horario escolar.

Las disposiciones de la Ley 1420 han hecho posible que en la escuela argentina no se adviertan —ni se admitan — las diferencias de clase, raza o religión entre los alumnos, y que se respeten los derechos del niño, de sus padres y de sus educadores.