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1974:La agonía del gobierno peronista

La bajo el liderazgo del General Perón, un conjunto de fuerzas coexistieron de manera permanente. Sin embargo, las mismas quedaron sin control desde el día mismo de su muerte. Pero, el punto son retorno surge justamente antes de julio de 1974, dejando visiblemente certera la ruptura entre las facciones peronistas.

Sumado a ello, este deceso tan importante despojó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por la totalidad del conjunto peronista, asegurando esta gobernabilidad, mediante la reformulación de acuerdos políticos.

José López Rega, ministro de acción Social y secretario privado de Perón, fue quien acompaño y aconsejó de manera influyente a la viuda del presidente, que ocupó el lugar, ejerciendo de manera fluctuante la dirección ejecutiva.  (En la foto Hectór Cámpora saluda al presidente saliente Alejandro Lanusse en 1973)

El sindicalismo, además del entorno presidencial, fue otro factor de poder en el seno del gobierno. Tal es así, que se dedicaron a deshacer el esquema político que con tanto esfuerzo había diseñado Perón, porque se sintieron relevados de sus compromisos, los cuales habían sido asumidos recién en 1973. Además, estos creían que el movimiento obrero debía entrar en la etapa política abierta con la muerte del presidente, los cuales dejaba sin efecto a los viejos compromisos con el gobierno.

A tal punto que la dirección de la CGT pasó a manos de los sindicalistas, pocos meses después de la muerte de Perón. Esta nueva dirigencia de igual manera negoció con el gobierno, objetivos diferentes. Su base estaba en la reformulación del Pacto social y del desplazamiento de los líderes sindicalistas y políticos, que no concuerden con las ideas del oficialismo cegetista.

Perón y su esposa "Isabel" Martínez cuando asumían la presidencia de la república Argentina el 12 de octubre de 1973

Tal es así, que Gelbard (Ministro de Economía, que Perón había apoyado con firmeza) renuncia con motivos de la concesión de la renegociación del pacto social. Suceso además, que lleva a una reorganización del gobierno. Resultado final: López Rega en la cúspide de su poder. Ello fortaleció a la burocracia sindicalista, período coincidente con una intensificación de la violencia.

El proyecto de institucionalización política de Perón, tenía como eje central un conjunto articulado de acuerdos, los cuales a mediados de 1975 fracasaron, y llevaron a reflejar que nuestro país marchaba sin rumbos. Sin embargo, los problemas se agudizaron aún más, cuando al Ministerio de Economía llega Celestino Rodrigo. Este último apoyado por López Rega, adoptó una serie de medidas: la devaluación del peso (entre un 100% y un 160%), el precio de la nafta sufrió un incremento del 181%, sumado a los precios del trasporte (75%), entre otras. Estas medidas se conocieron como el “Rodrigado”, y significaban una fuerte transferencia de ingresos a favor de las exportaciones agropecuarias, un gran impacto en los precios internos y un violento recorte del poder adquisitivo de los salarios.  La consecuencia inmediata fue una brusca inflación y una crisis política. Crisis que provocó una exitosa huelga general declarada por la CGT, que se tradujo finalmente en el desplazamiento de Rodrigo y López Rega.
JOSÉ LÓPEZ REGA: EL RASPUTÍN ARGENTINO: López Rega nació un 17 de octubre y su madre murió en el parto; fue un muchacho educado, cuidadoso en los modales y respetuoso en el trato, pero introvertido; tenía una biblioteca que cubría toda una pared y se interesaba especialmente en temas espirituales; a los 19 años jugaba al fútbol e integró la tercera especial de River Plate; se casó a los 27 años y se incorporó a la Policía Federal en 1944. Sus dos pasiones fueron el canto lírico y el esoterismo. Una noche de 1943, tristemente ataviado con un traje de etiqueta alquilado y perfumado con una colonia barata, el hombre subió al escenario del Club El Tábano, de Saavedra, y entonó un bolero, al frente de una orquesta que él mismo había contratado. Su debut frente al micrófono fue casi debut y despedida: una seguidilla de necesidades económicas lo llevarían a alistarse poco tiempo después en la Policía Federal. El cantante frustrado tenía la certeza de que el nuevo trabajo terminaría con las penurias que lo llevaban a enredarse en largas disputas verbales con su esposa, Josefa Flora Masera. Ni sus más íntimos imaginaban, por entonces, que aquel hombre gris y menor se convertiría en uno de los personajes más influyentes y nefastos de la política argentina. El cantante frustrado que se convirtió en policía se llamaba José López Rega (1916-1989) y buena parte de su época lo identificaba como “El brujo”.  (AMPLIAR: SU BIOGRAFÍA)

Isabel Perón se alejó temporariamente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder (foto izquierda). El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación.

El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración —en muchos casos, abierta oposición— del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo.

Un golpe anunciado Los militares volvieron al gobierno, tras la brecha abierta por la descomposición del gobierno, el descontrol económico y la violencia política vivenciada en esta época. Así, el general Jorge R. Videla (Ejército), el almirante Emilio E. Massera (Marina) y el brigadier Orlando R. Agosti (Aeronáutica); los tres comandantes de la armada, integraron la llamada Junta Militar, que el 24 de Marzo de 1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta nueva intervención militar, fue totalmente diferente a las anteriores, y se hizo llamar “Proceso de Reorganización Nacional”.

Masera-Videla-Agosti
Representantes de las Tres Fuerzas Armadas

Igual que años anteriores, los sectores capitalistas y una gran parte de la población espera que el nuevo gobierno militar reestableciera el orden y normalizara la economía, ante la aguda crisis que atravesaba Argentina. En última instancia, el golpe de 1966 había originado un gobierno sostenido por las Fuerzas Armadas; pero en 1976 las características de este gobierno eran en base a un ejercicio en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Amadas. Al respecto, el 25 de mayo de 1976 el nuevo presidente, el general Jorge R. Videla señala:

“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”

La sociedad Argentina, era el punto central de transformaciones propuestas por este gobierno militar. Ya que la idea no se fundaba simplemente en corregir una política económica, de resolver una crisis institucional o de derrocar a la guerrilla. Por que para ello solo hubiese bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. La existencia misma de una nación, era el cuestionamiento que se planteaba la Junta Militar. “Reorganizar” la sociedad argentina, era entonces la solución a esta crisis, era un “proceso” que no tenía “plazos” pero si “objetivos”: crear un ser occidental, nacional y cristiano.

La represión política y social (que buscaba eliminar a todos aquellos que se opusieran a sus objetivos), sumado a la desarticulación de las bases de la economía industrial (es decir, abandonar por completo el modelo industrialista iniciado 40 años atrás y producir una mayor concentración de la riqueza) y ejercicio autoritario del poder, fueron las expresiones que fundaron esta “reorganización”. Sin embargo, la derrota en la Guerra de Malvinas, fue el producto que sirvió para el derrocamiento del gobierno militar, acelerando se desgaste y llevando a Galtieri a renunciaren Julio de 1982.

Uno de los rasgos fundamentales de este gobierno militar fue la represión ilegal, desarrollado con gran tenacidad entre los años 1976 y 1978. Este rótulo de ilegalidad no se acuñe porque sólo fue llevada a cabo por el gobierno de facto, sino fundamentalmente porque se violaba la legalidad establecida por ese mismo gobierno.

Tal es así, que la represión era organizada de manera sumamente planeada, y dirigida por los más altos niveles de decisión político y militar. Pero hay que agregarle otra particularidad, al mismo tiempo fue clandestina. Quienes fueron receptores de la misma, eran aquellos integrantes de las organizaciones guerrilleras que se comprometían con la lucha armada. No obstante, no fueron los únicos, sino que se extendió a aquellos actores sociales y políticos totalmente desvinculados de esta participación guerrillera.

El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.

Así este gobierno militar, también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anulando las garantías constitucionales y por lo tanto, creando nuevos instrumentos. Un hecho que tuvo grave consecuencias fue la suspensión de la vigencia de la última parte del artículo 23 de la Constitución nacional, quien establece que en ciertas condiciones el gobierno puede declarar estado de sitio. La suspensión de esta garantía individual se vio agravada porque el Poder Ejecutivo, decide poner a su disposición una numerosa cantidad de detenidos.

En el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos,
cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.

Con un total verificado de más de trescientos, los centros clandestinos, fueron los sitios elegidos para llevar a cabo las modalidades de represión, como secuestro, detención, tortura, y en la mayoría de los casos ejecución. Así, la pena de muerte fue implantada por la Junta Militar, aunque siempre fuera de la ley, es decir que no se aplicaba legalmente la misma. Algunas estimaciones hablan de diez mil casos comprobados (algunos triplican la cifra), incluyendo en estas a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Pero aquí surge una figura jurídica muy nombrada en nuestros días “desaparecidos” (implica la desaparición forzada de personas.

No obstante, la población argentina en su totalidad vivió un clima de miedo de censura, consecuencia de esta represión vivenciada. El gobierno estableció además, un duro control sobre los medios de comunicación y la vigilancia de todas las manifestaciones artísticas. La acción coactiva del Estado terrorista silenció cualquier tipo de opinión o información que se consideraba como peligrosa para el gobierno.

Difíciles divisiones internas atravesaron el gobierno militar desde su inicio, aunque su objetivo siempre fuese pretender el equilibrio y firmeza. Estas desintegraciones derivaron en buena medida de la particular traducción a la acción que adquirió la decisión de asumir institucionalmente el gobierno. La distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades en partes iguales, es decir, la nacional, provincial, municipal, empresas del estado, universidades; fue el principio general que garantizó la participación de las tres fuerzas en el gobierno.

Así, una tercera parte de los cargos públicos quedó para cada cuerpo de oficiales de cada fuerza. Las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública, se diferenciaron justamente de este gobierno del “Proceso”, en cuanto a la decisión anterior. Ya que la misma revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza. Los oficiales de las Fuerzas Armadas tuvieron en sus manos, entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública.

Esto llevó a que cada funcionario pase a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar; perjudicando finalmente el funcionamiento del Estado, fragmentándolo además en múltiples unidades que a su vez gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de la corrupción. Asimismo, el gobierno de “Proceso” y su ordenamiento institucional y jurídico, se caracterizaron por su incoherencia y arbitrariedad. A tal punto de no cumplir con las leyes que el mismo había dictado, su evidencia más visible: la acción represiva.

Estado legal, Estado Clandestino

“El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.

La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de la Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas."
LUIS ALBERTO ROMERO
Breve Historia Contemporánea de Argentina (1994)

La Economía Durante el Gobierno Militar (ampliar)

La política económica del gobierno militar fue decidida y ejecutada durante cinco años por José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de economía entre 1976 y 1981. Martínez de Hoz concentró un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y la sociedad argentinas.

El programa económico que Martínez de Hoz presentó al país el 2 de abril de 1976 era de inspiración liberal y postulaba la necesidad de pasar de una economía de especulación a una de producción, por medio del estímulo a la libre competencia y la limitación del papel del Estado en la economía. Estos objetivos no fueron alcanzados. Por el contrario, el resultado de la política económica de Martínez de Hoz fue un crecimiento explosivo de la especulación financiera y una caída dramática de las actividades productivas.

En un primer momento, el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización —que contaron con el apoyo del Fon-do Monetario Internacional y la banca privada extranjera— para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público —en buena parte congelando los salarios— y se consiguió financiamiento externo. La política económica tuvo un sesgo fuertemente antiobrero: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno).

Una vez controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.

La apertura de la economía era la apertura del mercado interno a la competencia exterior —no la promoción de la exportación de la producción nacional—. El instrumento principal de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Posteriormente, la sobrevaluación del peso se sumo a esta medida, lo que comprometió seriamente la actividad productiva —afectada además por las altas tasas de interés—.

La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la tasa de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado, que renunciaba a los controles, garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas.

En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiarla —conocida popularmente como la “tablita”— que determinaba una devaluación mensual del peso. Esta devaluación era decreciente y tendía a cero. El objetivo declarado de esta medida era controlar la inflación.

Este objetivo no se alcanzó. En cambio, lo que se fomentó fue una fuerte especulación con una gran masa de dinero colocada a corto plazo —favorecida por la abundancia de dólares en el mercado internacional— basada en la existencia de altas tasas de interés y la garantía del Estado sobre el precio de recompra de los dólares.

Algunas palabras y frases de uso habitual en la época —“plata dulce”, ‘bicicleta”,"deme dos"— dan cuenta de las características de un período de prosperidad artificial y de especulación financiera.

La euforia financiera contrastaba con el comportamiento del sector productivo, apremiado por el endeudamiento. El sector industrial, en particular, sufrió una profunda mutación, que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra ocupada y el cierre de numerosas plantas.

El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980, de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras —entre ellas uno de los mayores bancos privados— y el Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.

El Campeonato Mundial de Futbol de 1978 se celebró en Argentina y contó con el decidido apoyo de la dictadura militar

En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. En ese año, el descalabro económico llegó al extremo. El gobierno dispuso una devaluación del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tomó impagables las deudas en dólares de las empresas privadas. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.

A pesar de su carácter liberal, la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la esfera económica. Esto se debió en parte a la decisión de la cúpula militar de mantener en la órbita estatal a las empresas públicas —cuyos directorios, por otro lado, fueron ocupados por militares—. Además, durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades —lo que se llamó “privatización periférica”—.

En este último caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos, la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de estas actividades se fue configurando un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.

Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas en dificultades —como la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad y la compañía Austral— y la notable expansión del gasto militar.

En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra. Las Fuerzas Armadas fueron reequipadas con vistas al enfrentamiento y movilizaron tropas hacia la frontera. La guerra se impidió por la mediación del Papa Juan Pablo II.

Ver: Operativo Soberanía

Entre la apertura y la guerra: El estallido del programa económico coincidió con el cambio de presidente. El débil ganador en la puja interna de la cúpula militar fue el general Roberto Viola, designado presidente por la Junta de comandantes, en septiembre de 1980. Viola, que asumió en marzo de 1981, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar.

Este intento de cambio obedecía a la percepción por parte de una fracción del Ejército del fracaso de la política de Martínez de Hoz y de la necesidad de buscar nuevos aliados. Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras, con el propósito de “despersonalizar” la política económica, incorporó una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios —nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria— e inició un diálogo con sindicalistas y políticos.

Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó. En el terreno político, la apertura fue recibida con frialdad por las principales fuerzas políticas, que dudaban de la representatividad de Viola dentro de las Fuerzas Armadas y, por consiguiente, de la viabilidad de su política. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria —convocada por la Unión Cívica Radical e integrada por los partidos

Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo—, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado “tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, coyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional”.

Sin embargo, la oposición decisiva al proyecto de Viola provino del frente interno militar. Esta oposición se manifestó como un conflicto de poderes entre la Junta Militar y el presidente, que culminó con el desplazamiento de Viola, en diciembre de 1981. Su reemplazante fue el general Leopoldo F. Galtieri. (foto arriba)

Galtieri intentó restablecer la imagen de autoridad del gobierno militar y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos de un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann (foto izquierda). Endureció las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo, que por su parte endurecieron también su oposición.

Una masiva concentración promovida por la CGT-Brasil —el ala más combativa del sindicalismo, diferenciada de la CGT-Azopardo, más conciliadora—, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. Pero la magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.

Tres días más tarde, el régimen militar —que en 1978 había llevado al país al borde de la guerra con Chile, evitada por la mediación del Papa— inició su última etapa, con la ocupación militar de las islas Malvinas.

La Guerra de las Malvinas: El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular. (Ver: La Junta Decide Tomar Las Islas Malvinas)

El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento en que el rumbo de la experiencia militar se veía comprometido. Al principio, eso pareció posible. Pero el gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó además que los Estados Unidos —cuyo principal aliado era precisamente Gran Bretaña— apoyarían la acción argentina.

La reacción británica —en buena medida motivada por razones de política interna— fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del general Haig —que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas— apoyaron decididamente a su principal aliado.

El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos.

En el plano de la política internacional, la Argentina recibió la adhesión de los países de América latina y del Movimiento de Países No Alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas y conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. En el plano militar, el poderío y la organización británicos superaron al caótico e improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos.

De Carter a Reagan

Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante el “Proceso’ atravesaron dos etapas diferenciadas. En la primera, el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos de James Carter, del partido Demócrata, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América latina. Esta orientación lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino, que violaba sistemática­mente los derechos humanos.

El cambio de administración —cuando el republicano Ronald Reagan reemplazó a Carter— tuvo como consecuencia un cambio de política con respecto a la Argentina. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un entusiasta adherente, dispuesto a aline­ar a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir militarmente en América central. Los Estados Unidos, por su parte, levantaron las sanciones que la administración Carter había impuesto a la Argentina. Galtieri, entusiasmado con los elogios norteamericanos e ignorante de la importancia relativa de los aliados de Estados Unidos, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que pensaba iniciar con Gran Bretaña.

Dadas las condiciones militares del conflicto y el control de la información por parte del gobierno, la derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada. Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar.

Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el comandante en jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone. (foto a la derecha)

Fuente Consultada: Historia Argentina Luchilo-Romano-Paz

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las muertes de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional, anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de i 976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

El primer acto fue en el año 2007 en el centro clandestino de detención de La Perla, provincia de Córdoba. El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina dicto la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, inamovible.

Se produjo un supuesto debate, en el cual opositores al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recalcaron que al ser feriado pretende una festividad, mientras el oficialismo sostuvo "no hay posibilidad de que ningún docente pueda ignorar el hecho". Finalmente con el apoyo de Organizaciones de derechos humanos como: Abuelas de plaza de mayo y Madres de plaza de mayo, el proyecto se convirtió en ley.

Ingreso y Egresos de Dólares a Argentina