Este
régimen se distingue de gobiernos de facto anteriores porque instrumentó de modo
sistemático y masivo secuestros, torturas, detenciones clandestinas y
desapariciones. Adoptó esta estrategia de represión y aniquilación física y
destruyó toda prueba que pudiera responsabilizarlo. Pese a que la Junta Militar
estableció la pena de muerte, nunca la aplicó. Todas las ejecuciones fueron
ilegales. Para ello contó con el asesoramiento legal y técnico de los ejércitos
francés y norteamericano, y la experiencia de Pinochet en Chile y del
Operativo
“Independencia” de 1975 en Tucumán.
¿Por
qué el gobierno recurrió a la represión ilegal clandestina en vez de aplicar la
pena de muerte y los instrumentos de la represión legal? El método clandestino
presentaba varias ventajas, desde el punto de vista del gobierno. En primer
lugar, forzaba a la población a la inacción por el terror y generaba confusión
en las organizaciones guerrilleras y de izquierda directamente afectadas,
dificultando la capacidad de emprender acciones defensivas. La confidencialidad
y el secreto del accionar de las Fuerzas Armadas daban ventajas sobre el
enemigo. Además, a diferencia de la pena de muerte, no requería pruebas ni
elementos jurídicos.
Los operativos se hacían a plena luz del día,
pero en especial por la noche.
Intervenían las tres Fuerzas Armadas y las de seguridad.
En
segundo lugar, permitía la tortura a los detenidos sin límites, quienes
“desaparecían” o, en el mejor de los casos, luego de ser liberados no podían
denunciar los vejámenes, pues el Poder Judicial estaba sometido a la Junta
Militar. Además, el método de represión ilegal desalentaba la solidaridad y el
reclamo de parte de ¡os familiares y amigos, porque ocultaba a los responsables,
evitaba toda posible comunicación con los detenidos y generaba el temor a
provocar represalias sobre ellos. Simultáneamente, les facilitaba la obtención
de colaboración, dado que los civiles que los apoyaban no corrían el riesgo de
ser denunciados.
En
tercer lugar, la adopción del método de las desapariciones y del ocultamiento
del acto mismo de la represión se explica porque el gobierno militar buscaba
evitar la reacción de los organismos internacionales y la critica del Vaticano.
Este
método requería la coordinación de las distintas fuerzas represivas y constaba
de cuatro momentos: secuestro, tortura, detención y desaparición. Para iniciar
los secuestros, cuando una de las fuerzas iba a “operar” solicitaba “zona
liberada” para evitar interferencias. Así, los pedidos de auxilio
En
septiembre de 1973, Augusto Pinochet, con el apoyo del gobierno de EE.UU.,
derrocó y asesinó al presidente socialista Salvador Allende. Encabezó un
gobierno dictatorial hasta 1990. Sobre todo en los primeros años recurrió a los
fusilamientos abiertos más que a las desapariciones, lo cual generó el repudio
internacional y las denuncias de los familiares o vecinos de los secuestrados no
tenían en las comisarías del lugar y la policía abandonaba el vecindario
para evitar confusiones y enfrentamientos con las fuerzas paraestatales.
A continuación
el “grupo de tareas” irrumpía por la fuerza —por lo general durante la
noche— en el domicilio o en el lugar de trabajo de los ciudadanos identificados por los grupos de inteligencia (SIDE, etc.) como “izquierdistas”, “guerrilleros” o “activistas sindicales”. Previo al arribo de la patota se solía
cortar el suministro eléctrico y se interrumpía el tránsito. El “grupo de
tarea? estaba integrados en general, por individuos fuertemente armados pero
vestidos de civil y sin identificación.
Los
secuestros incluían otro componente: el robo de las pertenencias de las
víctimas. Sus casas eran saqueadas y con frecuencia sus automóviles e inmuebles
eran apropiados por los militares. Así, la venta de las propiedades y los
objetos de valor saqueados proporcionaba un estímulo económico a los integrantes
de los grupos de tareas y servía para financiar los «operativos». Por otro lado,
también los hijos de los detenidos fueron considerados como botín de guerra.
Algunos ‘fueron secuestrados junto a sus padres y otros nacieron en cautiverio.
Muchos de ellos fueron asesinados; otros fueron entregados a familias de
militares. La CONADEP hizo investigaciones posteriores y documentaron alrededor de
doscientos casos de este tipo.
El
secuestrado era encapuchado y trasladado —vendado y amordazado— al centro
clandestino de detención llamado también «chupadero». En general era una
dependencia militar, comisaría o un edificio preparado para tal efecto, donde se
¡o sometía a torturas para extraerle toda la información posible que les
permitiera a los militares realizar futuras detenciones. La tortura tenía otro
propósito: quebrar la resistencia y la dignidad de la víctima. La «picana”, el
“submarino” —mantener sumergida la cabeza en un recipiente con agua”— y las
violaciones sexuales eran las formas más comunes de tortura. Esta se combinaba
con la tortura psicológica: asistir al suplicio de amigos o familiares, sufrir
simulacros de fusilamientos o experimentar el aislamiento total.
Uno
de los centros de detención clandestinos mis conocidos funcionaba -en
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); aunque también habla otros, como
Campo de Mayo, el Olimpo, el Vesubio y el Pozo de Banfield. La compleja máquina
represora llegó a disponer de trescientos cuarenta centros clandestinos (algunos
de ellos habían empezado a operar antes del golpe militar). Cubrían todo el
territorio nacional, pero su actividad más
intensa se registró en las grandes ciudades como en Capital Federal, Gran Buenos
Aires, Rosario y Córdoba.
Muchos detenidos morían en la tortura, mientras que otros permanecían en los
campos por varios meses, prestando algún servicio o bien como rehenes
potencialmente aprovechables. Por ejemplo, el almirante Massera utilizó algunos
cuadros montoneros cautivos en la ESMA como soporte de su proyecto político, en
particular, de su intento de cooptar a las dirigencias y las bases peronistas.
Para ello liberó a varios detenidos a cambio de su participación en su plan para conducirlo a la presidencia.
Distribución de desaparecidos por profesión u ocupación según fuente de CONADEP
(EN %)
Obreros
30.2 %
Estudiantes
21
Empleados
17
Profesionales
10.7
Docentes
5.7
Autónomos varios
5
Amas
de casa
3.8
Personal subalterno de las FFAA
2.5
Periodistas
1.6
Actores, artistas, etc.
1.3
Religiosos
0.3
Algunos de los secuestrados considerados “mínimamente peligrosos” o los que
fueron reclamados por organismos internacionales, gobiernos extranjeros o
personas influyentes fueron liberados luego de permanecer por un tiempo
desaparecidos6. No obstante, la regla general consistía en que el secuestrado
era “trasladado”, lo que en la jerga significaba su asesinato y la desaparición
del cuerpo. En algunos casos arrojándolo vivo desde un avión al océano o a ríos,
en otros quemándolo o enterrándolo sin identificación —como NN— en fosas comunes
que eran cavadas por las propias víctimas antes de ser fusiladas o en terrenos
privados. Aunque algunos cadáveres aparecían en las calles, como muertos en
enfrentamientos o intentos de fuga, la mayoría de los cadáveres “desaparecían”.
De este modo, se consumó la “desaparición” de miles de detenidos, borrándose las
huellas que pudieran responsabilizar a las Fuerzas Armadas. Legalmente. nunca
dejaron de existir por eso se los denominó “desaparecidos”.
Además de los “guerrilleros”. las víctimas del plan represivo, en su mayoría
jóvenes de entre veinte y treinta y cinco años, pertenecían en general a los
planos sindical y educativo.
Fuente Consultada: Cuatro Décadas
de Historia Argentina de Palmira Dobaño y Mariana Lewkowicz