TERRORISMO DE ESTADO EN LATINOAMÉRICA:  Un Concepto clave para pensar la realidad Argentina y latinoamericana, es el de “terrorismo de estado”. A partir de los años 60 y 70, las Fuerzas Armadas en América Latina, en general, adoptaron la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, difundida por los Estados Unidos desde mediados de los 60.

Según ella, el enemigo principal de los países latinoamericanos no era externo sino interno. Los enemigos eran los opositores, a los que se comenzó a llamar “subversivos”. Esta “Doctrina” proponía la aniquilación de toda oposición que obstaculizara la implantación de los cambios económicos y sociales que se necesitaban.

En esta etapa, el sistema capitalista mundial sufría un profunda crisis –crisis del petróleo- por la cual los sectores del capital debían recuperar ganancias, reacomodando las relaciones entre capital y trabajo.

Mientras en los países centrales, este reacomodamiento, se tradujo en un ajuste de las cuentas fiscales y la negociación de nuevas condiciones laborales con los sindicatos. En los países periféricos, como los latinoamericanos, la reestructuración apuntó a la aplicación de severos planes de ajuste -con una importante caída del salario real- y programas económicos claramente antipopulares que requerían para su aplicación el aumento del control de la población y la decidida represión a todo intento de modificar o cuestionar las bases del sistema.

El “terrorismo de estado” comienza cuando el propio Estado utiliza a sus Fuerzas armadas en contra de los ciudadanos, violando sus derechos fundamentales y recurriendo sistemáticamente al asesinato de muchos de ellos. Cuando esto ocurre, se quiebra un principio básico del Estado de derecho, que consiste en que los ciudadanos aceptan que el Estado es el único que puede utilizar la fuerza y las armas para garantizar la vigencia de los derechos individuales de las personas. El “terrorismo de estado”, por el contrario, utiliza las fuerzas de las armas para anular los derechos de los ciudadanos, incluso el derecho a la vida.

El Estado se convierte en “terrorista” cuando hace uso de la tortura, oculta información, crea un clima de miedo e inseguridad, margina al Poder Judicial, produce incertidumbre en la familias y conduce deliberadamente a la opinión pública.

Frente al “terrorismo de Estado”, los ciudadanos se sienten y realmente están, totalmente indefensos y sujetos a la voluntad autoritaria de quienes se apropiaron ilegalmente de la autoridad.

En muchos países latinoamericanos, a través de este “estado terrorista”, se instaló una verdadera maquinaria de exterminio que contó con el aval de los sectores empresariales y terratenientes más poderosos, principales beneficiarios de la nueva situación. Esta alianza entre militares y civiles se propuso disciplinar por completo a la sociedad. Por eso se dispusieron a organizar este tipo de Estado, que de manera sistemática aplicó un plan para aterrorizar al conjunto de la sociedad. La aplicación de esta violencia terrorista les pareció el camino más efectivo para eliminar físicamente a los opositores más tenaces -a los que llamaron “delincuentes subversivos”- y para inmovilizar por el miedo al resto de la población.

El plan “terrorista” consistió en utilizar el uso de la violencia, tanto desde las instituciones públicas como desde estructuras clandestinas, creadas por el propio Estado, para hacer más eficiente la “lucha antisubversiva”. Desde este Estado “semiclandestino” se implementó un plan de tortura y la desaparición forzada de personas. También, en este período, se produjo la prohibición y persecución explícita de toda actividad política, sindical y cultural que a juicio de los dictadores, cuestionara los valores clásicos del sistema. El terror y el miedo lo impregnó todo. La sociedad en su conjunto fue vigilada y reorganizada en su vínculos sociales y privados. El objetivo del “terrorismos de estado” fue reestablecer los valores culturales de autoridad y obediencia trastocados por lo que denominaban “subversión”. Para los militares latinoamericanos, la “subversión” era un término muy amplio y abarcador. Además de los integrantes de las organizaciones políticas opositoras, comprendía a todos aquellos que se oponían a la cultura oficial. De esta manera, eran incluidos dentro del calificativo “subversivo”, todos aquellos que provenían del movimiento beat, el rock, la literatura, el feminismo, etc. Esto funcionaba como un estigma que marginaba a una persona, haciéndole peligrar su puesto de trabajo, profesión y hasta corría peligro su propia vida.

A partir de 1973 Chile y Uruguay comenzaron a sufrir regímenes militares. Mientras en Brasil se consolidaba la dictadura, en Argentina, en marzo de 1976, asumía el control pleno del gobierno una Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla. En Paraguay continuaba la dictadura de Stroessner, que había comenzado en 1954. En Perú fue desalojado del poder el General Velazco Alvarado, por una coalición de sectores conservadores y militares.

En definitiva, casi sincrónicamente, todo el sur del continente se encontraba comandado por Fuerzas Militares antipopulares y con un marcado sesgo dictatorial, antidemocrático y conservador. Esta sincronía, se manifestó claramente en lo que se dio por llamar “plan cóndor”. Era un común acuerdo entre las dictaduras del sur del continente para pasarse información y evitar que las personas que eran perseguidas por el régimen de un determinado país pudieran exiliarse en un país vecino.  (Ver Terrorismo de Estado en Argentina)

Prof. Pablo Salvador Fontana