Este tratado dio origen al bloque conformado por los Estados Unidos, el Canadá y México, y entró en funciones en 1994. En este caso, México —país en desarrollo— se une a dos Estados desarrollados, y este rasgo lo coloca en una situación especial respecto del resto de los países de América latina. Por ejemplo, el Canadá y los Estados Unidos tienen un 74% de la población económicamente activa (PEA) ocupada en el sector de servicios y un 23% en la industria; México, en cambio, cuenta con un 54% de su PEA en servicios y un 24% en actividades primarias.

La proximidad geográfica ya había llevado a políticas de integración comercial que, finalmente, se oficializaron con el Tratado. Éste establece únicamente la libre circulación de bienes y no la de las personas, como en los casos anteriores. Esta característica acentúa los reparos de los Estados Unidos a la integración de la población y la cultura latina. La intolerancia que existe en muchos de sus estados hacia las minorías étnicas potencia la medida del TLC sobre las restricciones a los trabajadores. Así, por ejemplo, quienes trabajan en las maquiladoras son mexicanos que perciben salarios relativamente bajos de los cuales se benefician los Estados Unidos.

El proyecto “Área de Libre Comercio de las Américas”

En 1994 el gobierno estadounidense lanzó el proyecto de una zona de libre comercio de las Américas, con el objetivo de suprimirlas aduanas y los aranceles en todo el continente hacia el 2005.

Las posturas acerca de este tipo de integración están muy divididas. La visión crítica sostiene que se trata de una estrategia de los Estados Unidos para tener bajo su control un mercado continental; además, se señala que la integración está impulsada por los grupos económicos y las empresas transnacionales antes que por los intereses nacionales de los treinta y cuatro países participantes.

La visión a favor está representada por los grandes grupos empresarios y los gobernantes de los países participantes, que ven una opción viable para ampliar el comercio continental sin ningún tipo de traba. Los mandatarios de América latina, el Canadá y los Estados Unidos ven el ALCA como una vía adecuada para garantizar el funcionamiento de la democracia de la mano de la integración económica. Cuba está excluida del proyecto.

El proyecto del ALCA apunta a generalizar las normas del Tratado de Libre Comercio (TLC) en todo el continente. El proyecto contempla la integración en un conjunto de temas: educación, democracia, pobreza, derechos de las personas e integración económica. Pero, de hecho, se centra en esta última área, para favorecer las privatizaciones y desregulaciones que beneficien a las multinacionales. Los Estados Unidos se reservarían el derecho de bloquear la entrada de productos agrícolas provenientes del sur por medio de leyes “antidumping”.

La aplicación de políticas neoliberales con el supuesto fin de sacar a América latina del subdesarrollo ya lleva dos décadas, pero más del 36% de los hogares latinoamericanos viven en la pobreza a comienzos del año 2000. El peso de las economías en el PBI total del ALCA es marcadamente desigual: los Estados Unidos, el Brasil, el Canadá y México acaparan respectivamente el 75,5%; 6,7%; 5,3% y 3,9%; los treinta y un países restantes, el 8,4%. Economías como las de Nicaragua o Haití, el 0,002% y el 0,003% del PBI del continente.

Así, los efectos que tendría la integración en los país ningún fondo de desarrollo ni red de seguridad alguna resulta preocupante En los treinta y cinco países de América, incluida Cuba, surgieron organizaciones de oposición al ALCA, muchas de las cuales representan a trabajadores, asociaciones a ambientales, feministas, campesinos, comunidades autóctonas. En general, reclaman una mayor participación de los ciudadanos y las ciudadanas del continente en la formulación y la ejecución de políticas sociales y económicas.