"Mara"
es el sinónimo salvadoreño de pandilla delictiva juvenil. Originada por el
retorno a centroamérica de enormes cantidades de emigrantes deportados por
delincuencia desde México y Estados Unidos, transfiere las condiciones para
recrear en el plano nacional, aquellas condiciones de marginalidad, violencia,
delincuencia y supervivencia, aprendidas y desarrolladas por los deportados en
los distintos lugares en los cuales lograron su estadía. A ello se agregan los
jóvenes de sectores sociales marginados, conformando una amenaza social por la
eventual violencia con la que actúan tanto hacia afuera como hacia adentro de
estos grupos.
Básicamente se conforman dos
grandes pandillas que se conocen como: La Mara Salvatrucha Trece (MS13). La Mara
18, viene inspirada de pasajes biblicos respecto al numero de la bestia "666", 6
+ 6 + 6 = 18. Es debido a eso que se llama Mara 18.
Con el aumento de personas que
retornaban diariamente, el fenómeno social se hizo no sólo nacional sino también
regional, de forma que hacia los (inicios del siglo XXI), en casi en todo
Centroamérica se conoce como "Maras" a las agrupaciones juveniles principalmente,
ya sean de tipo delictivo, de crimen organizado o simples reuniones de vecinos
jóvenes con algo en común. (Wikipedia)
El
grito de alerta lo han lanzado los expertos en el tema: la inseguridad ciudadana
en El Salvador, Guatemala y Honduras puede trastocar el sistema democrático en
los próximos cinco años si persisten sólo políticas de mano dura y no se
atienden las causas de fondo que abonan la violencia.
La
cantidad de delitos graves ha crecido desde los años ‘90 en la zona conocida
como el triángulo norte de América Central, en especial por la fuerte presencia
del crimen organizado. En esos tres países, la represión aparece como único
mecanismo para enfrentar la criminalidad, en particular cuando se trata de
“maras” como se les llama en la región a las numerosas pandillas juveniles.
“A
diferencia de la década del 80, cuando los pequeños
países de América Central fueron escenarios de una violencia de tipo
político-ideológico, la región presenta ahora una alta criminalidad ciudadana,
que se está volviendo incontrolable”, advierte Enrique Gomáriz, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, residente en Costa Rica.
En El
Salvador, Guatemala y Honduras, “el repunte (de la violencia urbana) es
impresionante, en tanto en los países del sur del istmo, Costa Rica, Nicaragua y
Panamá, si bien tienen mejor situación de se guridad, se percibe también un
ligero au mento en los delitos contra la vida”, detalló.
A
criterio de Gomáriz, los altos niveles de violencia y criminalidad, en caso de
mantenerse o crecer, harán que el sistema democrático sea inviable. Como ejemplo,
aseguró que los paises del norte de la región presentan en conjunto una tasa de
más de 40 homicidios por cada iooooo habitantes al año, mientras que en los del
sur sólo se registran io asesinatos por igual cantidad de población y en el
mismo lapso.
El
Observatorio de la Violencia y la Delincuencia en Honduras, que impulsa la
Organización de las Naciones Unidas y la
estatal Universidad Nacional Autónoma, señala que en este país de 7,4 millones
de habitantes se registraron 710 asesinatos en el primer trimestre de este año,
ioo más que en igual lapso de 2005. También indica que la violencia en general,
por acción directa o negligencia, costó la vida de 1.308 hondureños en el
periodo estudiado.
“Si
estas tasas permanecen o se disparan en los próximos cinco años, la estabilidad
de las democracias en el triángulo norte será inviable y dificilmente se podrán
impulsar políticas de desarrollo social”, sostuvo en forma contundente Gomáriz,
autor de varios libros de investigación sobre criminalidad, seguridad y
violencia intrafamiliar.
Para
el chileno Santiago Escobar, asesor de la fundación alemana Friedrich Ebert mas
de seguridad para América latícaso centroamericano, y particularte Honduras,
Guatemala y El Salvador preocupante, “si partimos
de que el 10 se considera una zona de paz, tras la a de los acuerdos de
Esquipulas en los ;‘80”.
El
último de esos acuerdos, denominados Esquipulas II, fue firmado el 7 de agos1987 con
el subtitulo “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Centroamérica” por Costa Rica, El Sal vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con
lo cual se marcó el comienzo del fr de una serie de conflictos armados inter nos
en varios de esos países.
Lo
que se percibe es que los países estár respondiendo a la violencia con acciones
represivas de mano dura, “que no necesa riamente generan certidumbre en un mundo
que no funciona necesariamente con certiaiimbre”, apuntó.
(foro de Victor Blue)
“La
seguridad ciudadana es algo más amplio que la ausencia de delitos. En seguridad
ciudadana los gobernantes no pueden diagnosticar el mundo para seguir en
seguridad ciudadana no hay período de gracia, se tiene que tener capacidad de
respuesta en la coyuntura”, explicó.
La
región centroamericana, con Belice incluida, cuenta con 38 millones de
habitantes, la mitad de ellos mujeres, que aparecen como las victimas preferidas
de la violencia ciudadana. Guatemala encabeza la negra lista de países del norte
de esta región con mayor cantidad de asesinatos de mujeres, con 563 casos
registrados el año pasado, seguida de Honduras, con 198 en el mismo lapso y 79
en lo que va del año, según el no gubernamental Movimiento de Mujeres por la Paz
Visitación Padilla.
Las
mujeres asesinadas en Honduras corresponden a una franja de edad que va de los
20 a los 30 años y fueron agredidas en general con armas de fuego y sus restos
encontrados en muchos de los casos en lugares de difícil acceso y en áreas
montañosas.
Según
Gomáriz, los asesinatos de mujeres en los países del triángulo norte están
ligados en su mayoría a acciones del crimen organizado, particularmente el
narcotráfico. “La alta proporción de muerte en mujeres tiene características de
“mensaje” o represalia simbólica con particular ensañamiento y brutalidad. En el
triángulo norte de América Central, estas muertes son mensajes del narcotráfico”,
acotó.
Esa
apreciación es compartida en parte por la vicepresidenta de Costa Rica y ministra
de Justicia, Laura Chinchilla, quien dijo a IPS que la alta tasa de criminalidad
violenta que afronta la región obedece a “una fuerte presencia del crimen
organizado, el narcotráfico y el delito transnacional”.
“Y
entonces, los países en vez de apostar a políticas públicas de seguridad
preventivas, de rehabilitación e incluyentes con amplia participación ciudadana,
lo que hacen es imponer la mano dura o el sálvese quien pueda: contrate
seguridad (privada), compre armas, etcétera”, fundamentó Chinchilla.
La
mano dura de las autoridades tiene como
blanco especial a la juventud. Según el informe del Observatorio de la Violencia,
en 2005 fueron encarcelados en Honduras 204 integrantes de las maras y en el
primer trimestre de este año otros 321, por imperio de una ley especial.
El
libro titulado Maras y pandillas en América Central, presentado este mes por la
congregación católica de los jesuitas y la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas, con sede en El Salvador, indica que unos 5o.ooo jóvenes son los
que se aglutinan en distintos grupos en especial en El Salvador, Guatemala y
Honduras. Las maras, surgidas en Guatemala a mediados de los años ‘8c, cobran
mayor fuerza en los tres países ya entrada la década del ‘90, de acuerdo con la
investigación.
El
presidente de El Salvador, Antonio Saca, lanzó en 2002 una política represiva de
fuste contra las pandillas, que incluyó operativos sorpresa, el uso de poder de
fuego indiscriminado y el aumento de penas de cárcel, entre otros elementos. La
política fue en respuesta al alto nivel de percepción de
inseguridad, que según las ncuestas afectaba a 75 de cada 100
con iltados.
En
Honduras, esa percepción es similar, ya que uno de cada
io entrevistados en lass encuestas afirma haber sido
asaltado por pandilleros. También en 2002 se iniiaron en
este país los operativos especia~s contra las maras bajo la llamada estragia de
tolerancia cero y la promulgación e leyes más duras, como la incorporación e la
figura de asociación ilícita.
Pero,
según activistas, estas políticas mio en Honduras como en El Salvador an puesto
en la mira a los jóvenes que se aracterizan por poseer tatuajes visibles y estir
ropa holgada al estilo de los seguíores del rap y el hip hop.
Incluso, el Estado hondureño está acuado ante la Corte Interamericana de Deechos
Humanos por las matanzas regisadas en cárceles donde son recluidos jóvenes
pandilleros, por lo cual se teme que tayan sido planificadas. Uno de los casos
en cuestión es lo ocurrido en abril de 2003
en la cárcel de El Porvenir, en la atlántica iudad de La
Ceiba, donde fueron asesinados 69 presos, 6 de los cuales
eran jóvenes maras.
Los
presidentes Saca y Manuel Zelaya, le Honduras, anunciaron una cumbre, sin fecha
aún, para abordar el tema de la violencia e inseguridad, que en sus respectivos
países ha repuntado con fuerza en el primer semestre del año.
La
Iglesia Católica salvadoreña hizo un llamado público a Saca para que “frene de
inmediato” los índices de violencia, tras
cuestionar su política de “supermano dura’ en la cual sólo ofrece a los acusados
de cometer delitos tres opciones: cárcel, hospital y cementerio.
En
Honduras, el gobierno impulsó un amplio dispositivo policial y militar
denominado Operación Trueno, el primero en siete meses desde que asumió el 27 de
enero, tras el repunte de secuestros y el asesinato de un sobrino del presidente
del Congreso Nacional legislativo, Roberto Micheletti.
Según
el informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la
Salud, la tasa global anual de muertes por homicidio es de un promedio de 8,8
por cada ioo.ooo habitantes, y sólo en el primer trimestre de 2006, Honduras ya
mostró una tasa de 10,9, según el Observatorio.
Así,
en América Central, particularmente los países del triángulo norte que
paradójicamente son los principales impulsores de un proyecto de integración,
afrontan el desafio de desmontar un círculo de violencia, sin sufrir guerras,
que no ame-nace a corto y mediano plazo la democracia y la gobernabilidad como
alertan los expertos.
ACUERDOS CON SALVATRUCHA:
Cansados de las extorsiones de las pandillas y la falta de soluciones por parte
de las autoridades, los empresarios de San Miguel, la tercera ciudad en
importancia de El Salvador, optaron por un camino que encendió la polémica en el
país: se sentaron a negociar con los líderes de la temible mara Salvatrucha. El
protagonista de las reuniones ha sido et propio alcalde de San Miguel y también
empresario, Will Salgado, quien en la primera semana de septiembre reunió a unos
500 hombres de negocios para informarles de sus gestiones, que el gobierno
salvadoreño se apresuró a descalificar.
De
acuerdo con el alcalde, por estas gestiones se ha logrado una tregua de seis
meses, periodo en que no habrá extorsiones ni cobro de “rentas’. Por
contrapartida, los líderes de la pandilla exigieron a Salgado que forme una
comisión con empresarios y miembros de la Procuraduria para la Defensa de los
Derechos Humanos para continuar con las negociaciones.
“Lo
que ellos desean es que les demos trabajo, apoyo y no marginación”, aseguró
Salgado. Pero tras este encuentro
comenzaron a circular comunicados de los escuadrones de la muerte o “de limpieza
social” llamados Sombra Negra y Comando Central Maximiliano Hernández Martínez,
amenazando con liquidar a todos los mareros de Salvatrucha. Los maras
respondieron que más allá de las reuniones con los empresarios, “están preparados para la guerra".
San Miguel es la capital de una región que ha crecido comercialmente a causa de la imparable
migración de sus habitantes hacia Estados Unidos.
Los
2,5 millones de inmigrantes salvadoreños en ese país envían remesas por valor de
unos 3.000 millones de dóLares anuales. Pero el fenómeno migratorio también ha
generado nuevos problemas, como el surgimiento, hace más de una década, de las
maras, que se ven potenciadas por las deportaciones de los indocumentados desde
México y Estados Unidos, muchos de los cuales regresan con antecedentes
criminales.
La
iniciativa del alcalde de San Miguel generó la polémica en todo el país ya que
temen que esas negociaciones se conviertan en el “blanqueo” de las habituales
extorsiones de las pandillas. Pero Will Salgado tiene una forma sencilla de
explicar su iniciativa: “Cuando uno está acorralado tiene que hablar con Dios y
con el diablo”.
Fuente Consultada: Revista Veintitres
Internacional y Wikipedia
A
criterio de Gomáriz, los altos niveles de violencia y criminalidad, en caso de
mantenerse o crecer, harán que el sistema democrático sea inviable. Como ejemplo,
aseguró que los paises del norte de la región presentan en conjunto una tasa de
más de 40 homicidios por cada iooooo habitantes al año, mientras que en los del
sur sólo se registran io asesinatos por igual cantidad de población y en el
mismo lapso. 