El elevado coste de las empresas
militares llevó a la República a solicitar ayuda a la iniciativa privada. Serán
los publicanos quienes presten la ayuda necesaria al Estado en estos momentos de
necesidad. Estos publicanos eran una institución de origen helenístico que
tenían arrendado un servicio comunitario (publicum) que podía tratarse desde la
adjudicación de contratas de obras públicas al cobro de algún impuesto.
En unos
momentos de expansión como vive Roma durante los siglos III y II a.C. las
regiones y provincias que eran conquistadas debían pagar un impuesto que una vez
delimitada su cuantía, se sacaba a pública subasta. El Estado cobraba de manera
anticipada la cantidad estipulada y los adjudicatarios tenían que recaudar
directamente los tributos. En numerosas ocasiones existían asociaciones de
publicanos para pujar por el arrendamiento fiscal de un lugar determinado. Esas
sociedades tenían sus estatutos y estaban dirigidas por un magister que tenía su
residencia en Roma, donde trataba directamente con los funcionarios públicos. De
esta manera el Estado contaba por adelantado con el dinero durante un período de
cinco años y se ahorraba un buen pellizco en sueldos.
El riesgo que corrían los publicanos era muy alto por lo que el Estado protegía con mimo a estos
suministradores de dinero. Sin embargo, cuando el negocio resultaba fructífero,
los beneficios eran tremendamente elevados. Este sistema de recaudación fiscal
plantea numerosos defectos siendo las corrupción el más corriente. No olvidemos
que los publicanos tenían la protección de los magistrados, quienes debían
proteger incluso militarmente a los recaudadores si fuera necesario. El Senado
no podía permitir que sus sostenes materiales dejaran de percibir beneficios.
En
la provincia de Asia los publicanos se embolsaban unos diez millones de denarios
al año por los peajes de mercancías, la misma cantidad que recibía el Estado. En
numerosas ocasiones los propios publicanos prestaban el dinero necesario a los
contribuyentes insolventes, recibiendo un elevado interés por el crédito. En
otras ocasiones cobraban varias veces el tributo o exigían diez veces la
cantidad prevista. La usura alcanzaba límites insospechados -a veces hasta del 4
% mensual- por lo que Sila tuvo que establecer un tope del 12 % de interés
anual.
Estas corruptelas contaban en buen medida con el apoyo de algún
magistrado. Sin embargo, conocemos más de un proceso por corrupción como el de Verres, Sereno o Bebio Massa, siendo las penas muy leves en relación con los
hechos imputados. Será en época imperial cuando las quejas de las provincias
surjan efecto, estableciéndose un cierto control estatal. Se recuperará la
figura del publicano como figura aislada, huyendo de grandes sociedades, con el
fin de evitar la consolidación de potentes fortunas que se conviertan en ámbitos
de poder.
Los procuradores controlaban la gestión de estos recaudadores lo que
benefició a los contribuyentes. En la crisis del siglo III será el Estado quien
recaude directamente los impuestos. Nadie quiere arrendar el cobro de tributos,
ya que no hay de donde recaudar, ni participar del transporte de tropas o
víveres al asegurar con su propio dinero lo transportado. Paradójicamente, la
actividad que mayores fortunas creó en época republicana en los últimos momentos
del Imperio no era desempeñada por nadie.
